Para los residentes de la Unión Europea, el costo de su próximo vehículo, mejoras en el hogar e incluso productos agrícolas locales pronto podría verse influido por una política climática que probablemente sea desconocida para muchos. Esta regulación, que entra en plena vigencia el Día de Año Nuevo, se extiende más allá de la industria pesada para afectar a bienes cotidianos que ahora incurren en un costo adicional por carbono al ingresar a Europa.
El mecanismo de ajuste en frontera por carbono (CBAM) está diseñado para imponer un precio al carbono en numerosos artículos importados, requiriendo que los importadores con sede en la UE paguen por las emisiones de gases de efecto invernadero asociadas a la producción de ciertos productos con alta intensidad de carbono.
Si los productos provienen de países con regulaciones climáticas menos estrictas, los cargos serán más altos. Los fabricantes que desean acceder al mercado de la UE deberán demostrar que sus productos no son excesivamente intensivos en carbono.
La iniciativa busca disuadir a las empresas de trasladar la producción a regiones con regulaciones laxas, promoviendo así la competencia justa entre las empresas de la UE y no-UE, al tiempo que fomenta un cambio global hacia la descarbonización.
Después de una fase inicial, las obligaciones financieras completas se aplicarán a partir del 1 de enero de 2026. Los importadores estarán obligados a comprar certificados CBAM para contabilizar las emisiones incrustadas en bienes como hierro y acero, aluminio, cemento, fertilizantes, hidrógeno y, eventualmente, electricidad.
Aunque principalmente es una estrategia climática de la UE, se espera que CBAM impacte significativamente el comercio mundial. Las naciones dependientes de exportaciones a la UE pueden necesitar invertir fuertemente en tecnologías más limpias y mejorar las metodologías de seguimiento de emisiones para retener participación de mercado. El Reino Unido tiene la intención de introducir un mecanismo CBAM similar en 2027, aunque su relación con la versión de la UE sigue siendo indeterminada.
Ya es visible un cambio positivo: un número creciente de empresas ahora está midiendo y reportando emisiones con precisión, en respuesta a la demanda de datos de carbono confiables. Al mismo tiempo, más naciones están adoptando sus sistemas de precios del carbono, alineándose con la UE para asegurar su competitividad exportadora.
Marruecos se destaca como un caso notable: su legislación financiera para 2025 planea introducir un impuesto al carbono gradualmente a partir de enero de 2026. Con las empresas marroquíes pagando un precio al carbono doméstico, sus exportaciones pueden eludir tarifas adicionales CBAM en la frontera de la UE, manteniendo así su ventaja competitiva.