En el debate en curso sobre las leyes de verificación de edad y su impacto en la industria para adultos y la libertad de expresión, un legislador de Utah ha adoptado un enfoque nuevo. Esta semana, Calvin Musselman, un senador estatal republicano, propuso un proyecto de ley que busca imponer un nuevo impuesto a los sitios web pornográficos que operen dentro de las fronteras de Utah.
La legislación busca imponer un impuesto del 7% sobre los ingresos totales generados por la venta y distribución de material considerado perjudicial para los menores, si se produce o se basa operativamente en Utah. Además, la propuesta exige que estos sitios para adultos paguen una tarifa anual de $500 a la Comisión de Impuestos del Estado. Programada para entrar en vigor en mayo si se aprueba, se anticipa que los fondos recaudados a través de este impuesto se asignarían al Departamento de Salud y Servicios Humanos de Utah para mejorar los servicios de apoyo a la salud mental para adolescentes.
A pesar de múltiples consultas, Musselman no proporcionó comentarios sobre el proyecto de ley.
Esto marca otro avance en un movimiento más amplio dentro del conservadurismo estadounidense que busca endurecer las regulaciones sobre el contenido para adultos. En los últimos meses, Alabama inició un impuesto similar del 10% a las empresas de entretenimiento para adultos tras nuevas leyes de verificación de edad, que obligan a los usuarios a subir una identificación para confirmar que no son menores antes de acceder al contenido para adultos. Al mismo tiempo, Pensilvania está considerando imponer un impuesto adicional del 10% a las compras de contenido para adultos en línea, complementando el impuesto actual del 6% sobre productos digitales, según un memorando de octubre de dos senadores estatales.
Históricamente, el concepto de gravar el contenido para adultos no es nuevo. En 2019, la senadora republicana de Arizona Gail Griffin propuso un impuesto a los distribuidores de contenido para adultos para financiar el muro fronterizo, un proyecto notable durante la presidencia de Donald Trump. Hoy en día, las normas de verificación de edad están vigentes en 25 estados de los EE. UU.