Las acciones de ejecución contra los contaminadores en Estados Unidos disminuyeron significativamente durante el primer año del segundo mandato del presidente Donald Trump, experimentando un descenso mucho mayor que el observado durante el mismo período de su primer mandato, según un informe recién publicado por un grupo de vigilancia.
El Proyecto de Integridad Ambiental, una organización sin fines de lucro, analizó datos federales de tribunales y administrativos para revelar que las demandas civiles presentadas por el Departamento de Justicia de EE.UU. en casos remitidos por la Agencia de Protección Ambiental (EPA) se redujeron a solo 16 en los primeros 12 meses después de la inauguración de Trump el 20 de enero de 2025. Esto representa una disminución del 76 por ciento respecto al número observado en el primer año de la administración de Biden.
Durante el primer mandato de Trump, la administración presentó 86 casos de este tipo en su año inicial, lo cual ya era una disminución con respecto a los 127 casos presentados en el primer año de la administración de Obama, cuatro años antes.
"Las leyes ambientales emblemáticas de nuestra nación son insignificantes cuando la EPA no hace cumplir las reglas", enfatizó Jen Duggan, directora ejecutiva del Proyecto de Integridad Ambiental, en un comunicado.
Estos hallazgos se alinean con dos análisis recientes de Empleados Públicos por la Responsabilidad Ambiental y Earthjustice, ambos resaltando la disminución de la aplicación de normas ambientales bajo el liderazgo de Trump.
A partir del comienzo del segundo mandato de Trump, la administración ha emprendido una agenda agresiva de desregulación, reduciendo regulaciones y salvaguardas de salud importantes a lo largo de agencias federales diseñadas para proteger el agua, el aire y otros componentes ambientales. Esta iniciativa ha favorecido notablemente a las industrias de combustibles fósiles, con Trump declarando una "emergencia energética" inmediatamente después de su investidura.
En la EPA, el administrador Lee Zeldin inició en marzo lo que la administración promocionó como la "mayor acción de desregulación en la historia de EE.UU.". Esto incluyó 31 esfuerzos distintos dirigidos a desmantelar restricciones sobre la contaminación del aire y el agua, transfiriendo más autoridad reguladora a los estados—algunos de los cuales han apoyado históricamente la aplicación laxa de las normas—y retirándose del mandato de la EPA para abordar el cambio climático bajo la Ley de Aire Limpio.